La delgada línea entre la protección y la censura


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Ha llegado a oídos de la EFF(Electronic Frontier Foundation) la propuesta de reforma de la Ley Nacional Anti-discriminación, confeccionada originalmente en 1988 y, claramente está quedando algo obsoleta. De hecho, la reforma tiene como uno de los principales objetivos, alcanzar la regulación de medios electrónicos. Sin embargo, se ha desatado una fuerte polémica ya que la nueva legislación es muy ambigua y permitirá que los propios dueños de los sitios, aplicaciones o plataformas censuren opiniones de acuerdo a su criterio «personal», sin ninguna mediación de ente regulador y, básicamente, sin ningún control.

Actualmente, el INADI es el encargado de recibir denuncias y actuar de mediador entre ambas partes en primer instancia. Luego la causa podría pasar a juicio si hiciera falta. La propuesta establece al respecto, que los administradores de plataformas que permitan comentarios, deberán ofrecer una vía telefónica destinada a recibir denuncias, como también establecer mecanismos de control a fin de evitar actos discriminatorios. Aún así, el punto más polémico sigue siendo el hecho de que los encargados de controlar y regular, sean entes y manos privadas que no pueden garantizar un criterio suficientemente responsable.

Debajo, un fragmento de la propuesta que incluye al polémico Artículo 21, de acuerdo con el documento disponible aquí:

«ARTICULO 21°: PROMOCIÓN DE LA NO DISCRIMINACIÓN EN INTERNET. Los administradores de sitios de internet que dispongan de plataformas que admitan contenidos y/o comentarios subidos por los usuarios están obligados a:
a) publicar términos y condiciones que contengan la información del Anexo II de esta ley, con el objeto de informar sobre el carácter discriminatorio de un contenido y la legislación vigente al respecto;
b) disponer y hacer pública una vía de comunicación para que los usuarios denuncien y/o soliciten la remoción del material que se encuentre en infracción a esta ley.
Los medios de prensa, agencia de noticias, diarios online y revistas electrónicas que cuenten con plataformas que admitan contenidos generados por los usuarios deben, además de las obligaciones previstas precedentemente, disponer de la información prevista en el
inciso a) de este artículo a través de la activación automática de una ventana cuyos términos deben ser aceptados por el usuario antes de acceder a realizar el comentario o subir cualquier contenido, y adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos
discriminatorios»
Más allá de las polémicas, rumores y distintas opiniones, la EFF confirma que los efectos de esta propuesta sobre la libertad de expresión, al promover fuertemente la censura por parte de cualquier administrador/dueño de plataformas online.
La EFF incluye en su artículo las opiniones de dos personas con vastos experiencia, conocimiento y autoridad sobre el tema.
  • Eduardo Bertoni, abogado y actual Director del Centro para Estudios en Libertad de Expresión y acceso a la información (CELE) de la Universidad de Palermo, remarcó la importancia de que cualquier legislación de derechos humanos debe ser específica, clara y definida, de manera que no cause efectos secundarios, tales como miedo a denunciar incumplimiento a la ley por temor a consecuencias: «El principal problema es que la vagueza en las definiciones puede llevar a interpretaciones judiciales que restrinjan libertad de expresión y den a las autoridades la facultades inaceptables, de acuerdo a la convención Inter-Americana  de los Derechos Humanos».
  • Valeria Milanés, Directora del Área de Libertad de expresión, Acceso a la Información y Privacidad de la Asociación de los Derechos Civiles(ADC), comunicó su preocupación a la EFF:  «Vemos muy alarmados que este proyecto pone en riesgo la libertad de expresión en el ámbito digital, mediante definiciones vagas; creación de mecanismos de eliminación de contenidos que serán determinados e implementados por manos privadas y también mediante la implementación de responsabilidad disciplinaria a aquellos que no cumplen tales obligaciones. Podríamos pensar que los autores del borrador no comprenden el funcionamiento del ámbito digital y que no han logrado ver que el texto propuesto es una causa directa de censura». Más aún, la ADC tildó de anticonstitucional(por lo anteriormente citado) a la propuesta de enmienda.

La EFF plantea también, que el borrador en disputa viola claramente los principios de Manila, sobre todo el siguiente: “Cualquier orden de eliminación de contenido debe ser clara, no ambigua y respetar el proceso debido”.

Si bien la discriminación es una verdadera pesadilla en nuestro país, la censura a la libertad de expresión no es menos grave, por lo que debiéramos informarnos al respecto y hacer oír nuestras opiniones. Esta situación dice mucho, además, de la gente que ostenta puestos políticos y facultades de legislación, como así también de su falta de preparación y criterio ante los tiempos que corren y las problemáticas actuales.

FUENTES:

Artículo en página 12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-277604-2015-07-22.html

Nota de la EFF(En Inglés: https://www.eff.org/deeplinks/2015/08/no-internet-censorship-argentina

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